SANTA FE ANDROIDE

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Una
mirada crítica desde el Derecho Constitucional sobre el proyecto de Reforma de
la Constitución de Santa Fe presentado por el Gobernador Lifschitz
Para
no confundir la Reforma Constitucional con una actualización Android
Quienes somos
reformistas de verdad hemos sostenido siempre la utilidad de reformar la
Constitución de la Provincia de Santa Fe como producto de un trabajo cuidadoso,
de cara a la ciudadanía, y con amplios consensos políticos. Todo lo contrario a
los intentos que algunas veces se han visto, que parecieran más preocupados por
asegurar la reelección de algún gobernador, o la trascendencia de un partido en
el gobierno.
Pero la Reforma de una
Constitución es un asunto demasiado serio para dejarlo solamente en manos de
los juristas o de los políticos.
Recordemos que la
Constitución Provincial de Santa Fe de 1962 tiene un doble blindaje para
asegurar que su reforma se haga con el mayor consenso político y social:
En primer lugar debe
declararse la necesidad de reforma por ley (la que deberá ser aprobada por dos
tercios de la totalidad de los miembros de cada Cámara). Luego la reforma
misma, que deberá realizarse por una Convención ad hoc cuya elección,
instalación y duración son también establecidas por la ley.
En segundo lugar, para
los casos de reforma parcial (es decir aquellos en los que no se modifica toda
la constitución, sino una parte de ella), la Legislatura deberá fijar aquellos
temas que no podrán ser modificados, aquellos temas que se pueden reformar y
por último en qué sentido se deberán reformar esos puntos o bien si la
Convención podrá establecer libremente el contenido de los mismos.
Si la Convención
llegara a tratar un tema en un sentido distinto al que se le indicó reformar,
si trata un tema no previsto, o si no dice nada sobre un tema previsto, se
considerará nula la totalidad de la Reforma (y no solamente ese punto).
También la Convención
puede decidir que la Reforma propuesta no es necesaria, y disolverse.
Por lo dicho, el
momento del debate en la Legislatura es el verdaderamente decisivo para la
concreción de una Reforma Constitucional en Santa Fe, ya que nada podrá hacerse
si no fue expresamente permitido por la ley que 
inicia el proceso.
Por lo tanto, hay que
tener mucho cuidado con la redacción del proyecto de Ley de Declaración de
Necesidad de la Reforma Constitucional, ya que su texto puede poner en riesgo
la validez de la Reforma que engendra.
No ha habido ese
cuidado en la redacción del proyecto enviado por el Ejecutivo en abril de 2018.
El proyecto del
Gobernador reitera permanentemente la idea de “actualizar” la Constitución,
como si la norma superior no fuese siempre destinada a perdurar a lo largo de
muchos años, siendo actualizada por la ley, la doctrina y la jurisprudencia.
Pero no es inocente el
uso del término ‘actualizar’, ya que se pretende quitar importancia al proceso
para lograr velocidad y conseguir los objetivos que tienen in pectore.
Permítasenos decir que la Reforma Constitucional no es una actualización de
Android, que se descarga en un rato y se instala por la madrugada. La Reforma
de una Constitución es, siempre, una compleja edificación que debe hacerse con
todos los sectores, a la luz del sol y sin apuros ni oportunismos.
Lo que sí resulta
llamativo es el olvido de un montón de reformas que sí podrían incluirse en una
convención más amplia, como la que se pretende, algunas de las cuales
señalaremos intercaladamente.
Vamos al proyecto punto
por punto para señalar algunos aspectos en que el apuro y las preocupaciones de
la política han llevado a errores:
a.1)
Artículo 2, a los efectos de adaptar a la Constitución Nacional y establecer el
respeto a las obligaciones internacionales ratificadas por el país, como
referencia normativa.
En este aspecto, como
veremos en tantos otros, se creen que son más inteligentes que el constituyente
de 1962, y solamente muestran su enorme ignorancia del Derecho Constitucional.
La Convención de 1962
no se olvidó de la Constitución Nacional y los tratados como referencia
normativa. No eran tontos ni les faltaba preparación. De hecho, algunas de las
mentes jurídicas más brillantes de la época trabajaron en ese texto.
Simplemente que no
corresponde mencionar a las normas federales como referencia normativa cuando
se establece una Constitución Provincial, porque lo que se está edificando es
la pirámide del Derecho Provincial, y eso es lo que detalla el artículo 2.
Mencionar la
Constitución Nacional y los tratados del Estado Federal es una señal de
ignorancia, ya que es sabido que la pirámide federal, en los aspectos de su competencia,
está siempre por encima de la pirámide normativa local.
De hecho, el artículo 6
de la Constitución Provincial, al que ni lo miran, establece claramente que los
derechos y garantías de la Constitución Nacional rigen en el territorio
provincial. Y el mismo artículo 1 actual implica un límite negativo a negar
algo que la Constitución Nacional prevé. Con respecto a los tratados
internacionales, como su firma y aprobación son facultades del Gobierno
Federal, las Provincias no pueden no cumplirlos…
Pero bueno, el
chauvinismo jurídico no es buena herramienta de redacción…
a.2)
Artículo 3, a los efectos de establecer la neutralidad religiosa del Estado;
Estamos de acuerdo en
quitar la alusión a la religión católica. Pero establecer la neutralidad
religiosa del Estado no es lo mismo que asegurar un estado laico.
El estado neutral
admite expresiones religiosas en su seno, sin una preferencia oficial. El
estado laico, en cambio,  no permite
ninguna expresión religiosa estatal.
En la añeja discusión
‘laica o libre’,  el proyecto se coloca
del lado de la ‘libre’.
a.3)
Artículo 5, a los efectos de establecer la obligación de fijar criterios de
progresividad en materia impositiva, solidaridad fiscal, legalidad, reserva de
ley, igualdad, no confiscatoriedad, razonabilidad, equidad, generalidad,
capacidad contributiva, certeza, entre otros.
Todos estos elogiables
conceptos no pueden ser establecidos en la Constitución sin una adecuada
definición, y una definición siempre trae problemas por lo que incluye y lo que
omite.
Algunas expresiones que
usa ni siquiera tienen sentido para los tributaristas, o tienen sentidos
equívocos.
En este aspecto es
mejor menos palabras y más espacio para que la jurisprudencia de un tribunal
especializado vaya abriendo criterios interpretativos.
Además la expresión
“establecer la obligación de fijar criterios” ¿a quién va dirigida?
a.4)
Artículo 9, a los efectos de adecuar el Habeas Corpus al Artículo 43 de la
Constitución Nacional o de ampliar dicho estándar e incorporar el juicio por jurados
en materia penal;
De nuevo la idea de
adecuar la Constitución Provincial a la Nacional, como si el derecho procesal
no fuese una prerrogativa provincial reservada, que puede siempre ser distinta,
y ojalá que mejor.
Párrafo aparte para la
imposición del juicio por jurados. Hemos defendido siempre dicha institución,
que consideramos incluso imperativa desde la Constitución Nacional.
Pero una modificación
orgánica como esa no está correctamente incluida en el capítulo de “Principios,
Derechos, Garantías y Deberes” siendo que corresponde al apartado
institucional.
También debería señalar
la relación del último párrafo del artículo actual con el sistema de Jurados
que establece.
a.5)
Artículo 11, a los efectos de ampliar el derecho a la libertad de expresión,
asegurando la protección de los datos personales obrantes en cualquier registro
o medios de comunicación para garantizar el honor, la intimidad, la
confidencialidad y la reputación de las personas, el secreto de las fuentes de
información periodísticas, el deber de los medios de comunicación de asegurar
el pluralismo y el respeto a todas las corrientes de opinión;
Este punto marca
nuevamente la ignorancia de los redactores del proyecto que, vociferando
libertad de expresión, incurren en un grave caso de censura inversa.
Una cosa es el derecho
a replicar que tiene el agredido conforme a la Convención Americana de Derechos
Humanos, pero otra cosa muy distinta es que los medios de comunicación sean
forzados a asegurar el pluralismo y el respeto a todas las corrientes de
opinión en su propia redacción. Eso implicaría negar la posibilidad de tener
una línea editorial propia.
Si los medios deben
asegurar espacio a las opiniones contrapuestas, no podrá haber más radios,
diarios, canales ni portales de internet que sostengan una posición ideológica
uniforme, ya que deberán asegurar que existan notas en sentido contrario.
Llegaremos así al
ridículo de que un diario de izquierda deba asegurar voces imperialistas, o que
una revista católica deba asegurar columnas abortistas.
Y no decimos que se
violen los derechos de los trabajadores periodistas a expresar sus opiniones o
a investigar sin cortapisas, pero siempre en el marco de la línea editorial que
fija la empresa y del respeto a la dirección del medio.
Porque el indudable
derecho a la línea editorial es pieza esencial de libertad expresiva, y ha sido
reconocido por toda la normativa internacional, y por la propia Constitución
Nacional que es la rectora del área, ya que no estamos hablando simplemente de
libertad de imprenta, la cual sí podría ser resorte provincial.
a.6)
Artículo 13, a los efectos de ampliar el derecho de reunión, a la libertad de
asociación, y de peticionar a las autoridades;
Resulta incomprensible
en qué puede consistir la ampliación de derechos que están ilimitadamente
consagrados en el texto actual.
Cuando la Constitución
vigente dice “Pueden también asociarse libremente con fines lícitos” parece
suficientemente amplio, salvo que quiera ampliarse a los fines ilícitos…
Cuando la Constitución
del 62 dice “Gozan igualmente del derecho de petición a las autoridades
públicas, en defensa de intereses propios o generales” no es fácil imaginarse
cómo puede eso ser más amplio, salvo que se puedan incluir los intereses
extraplanetarios…
Por el contrario, la
Constitución Provincial actual tiene previsiones muy anacrónicas en el
artículo, como la posibilidad de prohibir con cuarenta y ocho horas de
anticipación las reuniones en lugares públicos “por motivos razonables de orden
o interés público” que es súper abierto y da lugar a la autoridad para hacer
cualquier cosa. Además establece el preaviso, que no es necesario según la
propia Constitución Nacional a la que debe someterse. Pero de suprimir eso se
olvidan en este proyecto de reforma.
a.7)
Artículo 17, a los efectos de adecuar la acción de Amparo al Artículo 43 de la
Constitución Nacional o de ampliar dicho estándar e incorporar la Acción de
Habeas Data;
El Habeas Data no es un
amparo, es una garantía procesal constitucional autónoma, los manuales
fotocopiados que leen los ingresantes a la carrera de Derecho ya lo explican.
Se incluyó dentro del artículo del amparo en 1994 como una forma de evadir la
restricción temática que impuso el núcleo de coincidencias básica.
Sin embargo, al
redactor de este proyecto de reforma, le pareció que el error metodológico al
que se vio forzado el convencional de 1994 debe ser replicado en la Provincia
de Santa Fe.
Al Habeas Data debieron
haberlo mencionado al modificar el artículo 11 que alude a datos personales.
En realidad, el
problema de la acción de amparo en nuestro artículo 17 es la restricción de la
figura, pero no se resuelve “adecuando” a la Constitución Nacional, que también
tiene deficiencias. Con una buena ley podríamos resolverlo.
Señalemos finalmente
que han olvidado habilitar la acción de inconstitucionalidad, garantía procesal
que resulta imprescindible.
a.8)
Artículo 19, a los efectos de ampliar el derecho a la salud;
Otro peligroso
objetivo. Ya es muy amplia la redacción constitucional. Meter mano en este
artículo sin parámetros claros puede terminar en reducción de derechos más que
en una ampliación.
¿Es acaso la salud un
derecho que actualmente la Constitución Provincial limita o restringe? ¿O
buscan indirectamente por este camino habilitar otras discusiones que no se
animan a expresar con claridad?
a.9)
Artículo 20, a los efectos de eliminar la referencia al trabajo infantil e
impulsar y promover el trabajo decente, realizado en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad en la esfera de las competencias provinciales;
Esto es una maldad
dirigida a los convencionales de 1962 contra los cuales evidentemente el
redactor estaba mal predispuesto.
No es cierto que la
Constitución actual permita el trabajo infantil, es una mentira flagrante.
La Constitución dispone
un régimen de especial protección para el menor que trabaja. El trabajo de
menores –aunque no deseable- es perfectamente legal bajo determinadas
condiciones excepcionales: hasta hace poco eran los menores entre 14 y 18, y
actualmente son los menores de 16 a 18. También se tienen en cuenta aquí a los
niños que participan en producciones televisivas, publicitarias, etc.
Eso no es ‘trabajo
infantil’, es trabajo de menores de 18 pero mayores de 16 años, el que en las
modalidades protegidas está previsto por la Ley Nacional de Contrato de
Trabajo.
El trabajo infantil
está prohibido, y sería el realizado por debajo de edad legal.
Otra muestra de supina
ignorancia, que puede terminar en eliminar un régimen protectorio especial.
Luego menciona
condiciones de trabajo que ya estaban incluidas en el excelente texto de 1962,
incurriendo incluso en invasión de competencias delegadas al Congreso de la
Nación.
Además, olvida
notablemente los derechos laborales especiales que corresponden a los
servidores públicos como las paritarias libres, la negociación colectiva, y la
libertad gremial, tantas veces obstruidas con el argumento de que el Estado
Nacional no puede regular nuestras relaciones laborales estatales.
Por otro lado se puede
recordar que la Constitución Provincial fue una de las pioneras en reconocer a
la mujer como sujeto de especial tutela constitucional, obligando al legislador
local a establecer dentro de sus competencias una legislación especial
protectoria. En todo caso será la misma provincia la que se encuentra en mora
en esta materia al no dictar una ley que contemple los nuevos reclamos del
colectivo de mujeres.
a.10)
Artículo 21, a los efectos de establecer que las jubilaciones y pensiones de
los servidores públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen
público de reparto y solidario a cargo de una institución estatal provincial de
carácter intransferible;
Congelar estos aspectos
en una reforma constitucional no es nunca recomendable. En todo caso resulta
más conveniente prever que la Caja de Jubilaciones y Pensiones Provincial deba
existir siempre bajo control estatal, pero no impedir que haya otras opciones
para los empleados públicos, las cuales puedan ser establecidas por ley. Porque
las reglas de monopolio estatal siempre son problemáticas.
a.11)
Artículo 22, a los efectos de ampliar el derecho a la cultura;
¿Cómo podría ampliarse
más respecto a lo que dice la Constitución actual?
Texto vigente: “La
Provincia promueve, estimula y protege el desarrollo y la difusión de la
cultura en todas sus formas…”
Y los tratados
internacionales ya protegen el patrimonio cultural tangible e intangible.
a.12)
Artículo 26, a los efectos de darle rango constitucional a la función social
del mutualismo;
Para equipararlo al
cooperativismo, previsto en el artículo 26. Nada que objetar, aunque aclaramos
que no es imprescindible que el mutualismo figure expresamente en la
Constitución para existir y ser protegido por las leyes.
Esto es parte de la
confusión que tiene el redactor del proyecto: cree que lo que no figura
expresamente en una Constitución, no existe. Por el contrario, los textos
constitucionales han de ser parcos para permitir el desarrollo coyuntural de la
legislación, a través de la doctrina y la jurisprudencia.
b)
SECCIÓN SEGUNDA
b.1)
Artículos 29 y 30, a los efectos de incorporar principios democráticos tales
como la intransferibilidad del voto, el derecho al sufragio activo de los
extranjeros con residencia, la eliminación del requisito de tener dieciocho
años para ser elector, el reconocimiento de los partidos políticos como
instituciones fundamentales del sistema democrático, el establecimiento de un
tribunal jurisdiccional electoral, independiente, permanente y con fuero propio
y el requisito de contar con mayorías legislativas agravadas o especiales para
la aprobación de normas en materia de partidos políticos y sistema electoral;
*La intransferibilidad
del voto es colocada en primer lugar porque evita sistemas como la ley de
lemas, pero también ha traído dudas sobre la boleta única en atención a que no
se consignan en ella todos los nombres de los candidatos.
*El sufragio activo de
los extranjeros “con residencia” (término desprolijo) ya existe en el orden
municipal, así que debemos imaginar que pretende permitirles votar en el orden
provincial.
*La eliminación del
requisito de 18 años para ser elector… Lamentablemente algún requisito de edad
habrá que establecer, ya que suponemos que el redactor no pretender que los
niños recién nacidos voten. Pero nuevamente en un olvido del redactor no se
establece otra edad, ni se habilita a la Convención para establecerla.
Solamente se ordena eliminar el requisito de 18 años. Con lo cual, si esta ley
saliese como está, no podría la Convención poner otro límite, ya que recordamos
que lo que no está expresamente habilitado en la ley no puede hacerse por mera
voluntad de la Convención. La redacción correcta sería: “Delegar a la ley
electoral la determinación del requisito de edad para el ejercicio del
sufragio”.
*El reconocimiento de
los partidos no es indispensable ya que –como ingrediente de la forma
democrática de gobierno- no depende de la Constitución Provincial sino de la
Nacional donde ya está establecido.
*El establecimiento de
un Tribunal Jurisdiccional Electoral está muy mal redactado. ‘Jurisdiccional’
es también el actual, que no es ‘judicial’. Jurisdiccional, en todo caso, es
sinónimo de lo que luego reitera “con fuero propio”.
“Independiente” no
sabemos qué significa, ya que no es un término técnico.
“Permanente” es
correcto, lo que lo diferenciaría del actual.
También parece adecuado
que se establezcan mayorías especiales o agravadas (conceptos redundantes) para
las normas electorales, aunque es bueno recordar que ello hubiera impedido
derogar la ley de lemas o establecer la boleta única…
Faltó derogar el
requisito de “indignidad moral”, indeterminada exigencia que ya nada tiene que
ver con la democracia moderna. Y al mismo tiempo debe asegurarse el derecho al
voto de las personas privadas de su libertad.
c)
SECCIÓN TERCERA
c.1)
Artículo 32, a los fines de incorporar la distribución proporcional de las
bancas e incorporar la participación política en base al principio de paridad
entre géneros en la conformación de las listas de candidatos en la Cámara de
Diputados.
En cuanto a la
distribución proporcional de las bancas está mal redactado, debiendo haberse
dicho “de la totalidad de las bancas”, ya que el problema es con las primeras
28, y no con las restantes 22.
No quiero dejar de
recordar que la disposición constitucional no estaba principalmente dirigida a
asegurar la gobernabilidad, sino a evitar que el partido ganador tenga más de
28 bancas logrando así una Legislatura monocolor, muy frecuente en aquellos
años.
Pero estamos de acuerdo
en que en la actualidad del Derecho Constitucional campea el ideario totalmente
proporcional, al cual por ejemplo se oponen los umbrales que la ley santafesina
mantiene en 3%.
Con respecto a la
paridad de géneros en la Cámara, estoy totalmente a favor de la paridad y
totalmente en contra de su cristalización constitucional porque como hemos
dicho muchas veces, y como sostiene la doctrina constitucional desde la
invención de las medidas de discriminación positiva, éstas deben ser siempre
temporales (20 ó 30 años), actuando como shocks culturales, para luego
verificar si la sociedad modificó la conducta y retirar entonces la medida.
Fijarla
constitucionalmente es impedir la incorporación positiva de otras minorías que
resulte necesario favorecer en otros momentos históricos. Los cupos de
discapacitados, transexuales, pueblos originarios, que se prevén en otros
países, deben poderse incorporarse a través de la Legislatura, sin que esto sea
impedido por un cupo ya establecido que no dejaría margen para la incorporación
de otros cupos a futuro.
Un último párrafo para
señalar que la norma no asegura la paridad en las bancas sino solamente en las
listas. Ello contradice la práctica legislativa de estos años impuesta la
Cámara de Diputados bajo la presidencia de Rubeo en el caso ‘Robustelli’, y
convalidada por el Poder Judicial en la causa que posteriormente tramitó al
respecto.
Y, por si las dudas, la
expresión no es “candidatos en la Cámara de Diputados” sino “candidatos a la
Cámara de Diputados”.
c.2)
Artículo 33, a los efectos de disminuir la edad para ser elegido Diputado.
Aquí sí está bien
redactada la cláusula, a diferencia de lo que señalamos con respecto al
requisito de edad para votar. Queda así en manos de la Convención la fijación
de edad para Diputados que actualmente es de 22 años.
Cabe decir que entonces
que, de aprobarse la reforma, se podrá ser diputado provincial antes que
concejal (ya que la Ley Orgánica de Municipios seguirá exigiendo no menos de 22
años de edad).
c.3)
Artículo 34, a los fines de limitar a un solo período la reelección de los
diputados;
De ningún modo podemos
convalidar esta idea, que parte de la confusión entre los legisladores y los
ejecutivos.
En todo el mundo, desde
que el sistema de división de poderes se emparentó con la renovación periódica,
se ha considerado útil limitar las posibles reelecciones de los titulares del
Poder Ejecutivo, especialmente en los regímenes no parlamentarios.
Ello porque se les
asigna un poder tan importante, tan libre, tan personal, que siempre se está al
borde de la tentación tiránica.
Pero nada tiene que ver
ese fundamento con los legisladores, quienes no deciden nada por ellos solos.
Un legislador es una mano levantada en un grupo de 50 diputados o de 19
senadores, no decide nada por sí mismo.
Por lo tanto no existe
el riesgo de que con las sucesivas reelecciones se incurra en exceso de poder,
en personalismo, o en decisiones arbitrarias.
Al contrario: el
legislador mejora con la experiencia ya que el trabajo legislativo es más
complejo y personal que el ejecutivo (que descansa en ministros, secretarios y
funcionarios), partiendo de la base que la comprensión de los complejos
reglamentos y del funcionamiento colectivo nada tiene que ver con el
decisionismo propio del Ejecutivo.
Además el Gobernador es
rápidamente conocido por los votantes, mientras que un legislador tiene siempre
dificultades para hacer llegar su actuación personal a conocimiento de la
ciudadanía.
Asimismo, la
inexperiencia de los legisladores acentúa la influencia del Ejecutivo sobre el
Legislativo.
Sumemos a ello que
según los estudios de organizaciones sociales prestigiosas como la ADC, la tasa
de reelección legislativa en Argentina ronda el 25%, e incluso en la Cámara de
Diputados de nuestra Provincia es inferior a ello.
Entonces, si para
asegurar renovación de cuadros en la política se considerase necesario una
limitación a las reelecciones, no deberíamos pensar en dos períodos, sino en
cuatro o cinco, permitiendo mandatos más extendidos que permitan la adquisición
del know how legislativo, la trasmisión de conocimientos a los ingresantes,
etc.
Por lo tanto, de ningún
modo puedo coincidir con la limitación propuesta ya que pareciera querer
disfrazar en la alternancia aquello que no es otra cosa mas que ignorancia.
Sí sería mucho más
interesante haber pensado en la renovación por mitades de las Cámaras,
permitiendo que las Cámaras sostengan experiencia, y eso sí implicaría mayor
control ciudadano y mayor observación sobre la actuación de los legisladores.
c.4)
Artículo 36, a los fines de consagrar la paridad de género en la conformación
de las listas de candidatos para las elecciones de miembros a integrar la
Cámara de Senadores;
He aquí otro artículo
inentendible. Remito a lo dicho sobre la inconveniencia de congelar
constitucionalmente la paridad. Pero el problema reside en entender cómo
piensan asegurar la paridad de senadores. Porque la paridad debe ser real, en
las bancas, no solamente en las listas. Y debe ser sobre los titulares, no
solamente que las mujeres puedan ser suplentes.
Quizás para asegurar la
paridad debamos llevar a dos los senadores por departamento, o a tres
asegurando representación de la segunda lista más votada, como es a nivel
nacional.
En ese caso crecería
mucho la cantidad de senadores, lo que haría necesario también incrementar la
cantidad de diputados para mantener las proporciones tradicionalmente
admitidas.
Por como está redactada
la cláusula la única opción es que la Convención imponga un sistema por el cual
haya por lo menos dos candidatos titulares en las listas de senadores.
Cualquier otra redacción implicaría incumplimiento de lo ordenado.
c.5)
Artículo 37, a los fines de disminuir la edad para ser elegido Senador;
Queda nuevamente en
manos de la Convención establecer la edad para ser senador, que actualmente es
de 30 años.
c.6)
Artículo 38, a los fines de limitar a un solo período la reelección de los
senadores;
Remitimos a lo dicho al
tratar este tema con respecto a los diputados, con nuestra oposición a los
límites –y tan escuetos- de reelección legislativa.
c.7)
Artículo 40, a los fines de ampliar el período de sesiones ordinarias;
Esta sí es una
necesidad en la que todo el arco político y técnico coincidíamos, ya que
evitaría mayor discrecionalidad del Ejecutivo sobre los temas a tratar.
c.8)
Artículo 54, a los de fines facultar a la Asamblea Legislativa dictar acuerdo
para la designación del Jefe de Policía.
En este tema nuevamente
entramos en conflicto entre nuestro apoyo a la idea de fondo, y la
inconveniencia de que esté en la Constitución.
Estamos a favor de que
los altos jefes de todas las dependencias necesiten acuerdo de Asamblea
Legislativa.
Incluso hemos defendido
la necesidad de incorporar jefes civiles a la conducción policial y a que su
selección incluya componentes electorales.
Pero de ningún modo
creemos que deba establecerse en la Constitución, siendo preferible que se
derive la decisión a la Legislatura, para que en la ley respectiva pueda
establecer cuáles funcionarios necesitan acuerdo legislativo, y cuáles deberán
surgir de procesos de selección por mérito y/o por elección.
De hecho, en el texto
actual se establece claramente que la necesidad de acuerdo para un funcionario
puede requerirse por ley.
En todo caso la
Constitución debe establecer cuáles funcionarios designa el Gobernador sin
necesidad de acuerdo legislativo, para que no se vea afectada su libertad en la
selección de sus colaboradores principales, los cuales como contrapartida
siempre deben estar sujetos a juicio político, o a un proceso más sencillo
incluso. También puede la Constitución establecer que el concurso de
antecedentes y oposición sea la forma de acceder a determinados cargos de tanta
importancia institucional.
Pero no conviene que la
Constitución sea la que establezca que exista un Jefe de Policía Provincial
cuyo único requisito sea el acuerdo legislativo, y que eso ya no pueda
variarse.
c.9)
Artículo 55, a los fines de rediseñar las facultades del Poder Legislativo, con
el objeto de suprimir la facultad de elección de los senadores al Congreso de
la Nación, conferir la facultad de organizar el régimen municipal de autonomía
según las respectivas categorías de ciudades y el régimen comunal según las
bases establecidas por esta Constitución; conferir la facultad de aprobar o
desechar los convenios celebrados con Estados Extranjeros de conformidad al
artículo 124 de la Constitución Nacional, suprimir el inciso 12 primer párrafo,
y autorizar la delegación legislativa en materias determinadas de
administración, por un plazo determinado y dentro de las bases de delegación,
las cuales deberán contemplar limitaciones precisas para su ejercicio.
* El borrador hablaba
de “Autonomía municipal semiplena”. El texto final habla de “autonomía según
las respectivas categorías de ciudades”. En ambos casos es una orden demasiado
difusa en un tema tan delicado.
Luego cuando plantea
reformar el régimen municipal no dice nada de este ‘semipleno’ o de las
‘categorías de ciudades’.
*Eliminar la facultad
legislativa de designar los senadores nacionales, está bien pero era
innecesario, porque este es un tema regido por la Constitución Nacional ya que
de sus senadores se trata.
*Convenios con Estados
Extranjeros está correctamente previsto, pero olvida la necesaria intervención
legislativa cuando se trata de los convenios regionales del mismo artículo 124.
*Es un solo párrafo el
que tiene el inciso 12 del artículo 55, con lo cual se pretende la eliminación
del requisito de aprobación legislativa para los contratos. Y la eliminación
del límite constitucional para que la Provincia no pueda endeudarse más allá
del 25% de su recaudación. Dos pésimas y peligrosas ideas. Si se refiriese
solamente a la primera oración del párrafo (contratos) es mala idea derogar la
necesaria autorización, pudiéndose en todo caso limitar a los contratos de
concesión de servicios públicos, o a los de determinado monto o duración. Si
también quiere derogar los límites a la deuda, es muy riesgoso.
*Autorizar la
delegación de la función legislativa hacia el Ejecutivo. Gravísimo. No ha sido
buena la experiencia nacional al respecto. Resulta contrario a la esencia de la
división de poderes permitir que el Gobernador dicte leyes generales. Aquí el
proyecto de reforma revela una vez más la búsqueda de mayores facultades para
el Ejecutivo en desmedro de la Legislatura. Pero en este caso es excesivo, ya
que si podemos esperar mejoras en la instituciones santafesinas no vendrán de
la acumulación de poder en el Ejecutivo, que además de ser reelecto pretende
ser omnímodo…
c.10)
Artículo 56, a los fines de posibilitar la iniciativa popular de leyes, en las
condiciones que establezca la ley;
Se habilita el
mecanismo semidirecto de iniciativa popular legislativa, algo que no estaba
impedido por la Constitución Provincial (podía legislarse como mecanismo de
ingreso de los legisladores), pero que es bueno que se recepte expresamente.
c.11)
Artículo 58, a los fines de suprimir la doble vuelta entre cámara de origen y
revisora, para agilizar el trámite legislativo;
Otra redacción
inadecuada, carente de rigor técnico. La expresión “doble vuelta” no significa
nada jurídicamente. Suponemos que quieren establecer un sistema similar al nacional
donde prevalece la voluntad de la cámara de origen en caso de revisiones. Desde
ya que, tal como está redactado, no puede ser base de la reforma.
Debería expresamente
prohibirse la aprobación ficta de leyes, 
los vetos propositivos y la promulgación parcial, o reglamentárselos muy
estrictamente.
e)
SECCIÓN CUARTA
e.1)
Artículo 63 a los efectos de la ampliación del requisito a todo argentino,
independientemente del modo de adquisición de la ciudadanía y reducir la edad
para ser elegido Gobernador y Vice Gobernador.
Hasta hoy solamente
podían llegar a Gobernador los argentinos nativos, o los nacidos en el exterior
si sus padres eran argentinos nativos. La Reforma permite que lleguen a
Gobernador de Santa Fe los extranjeros que hayan adquirido ciudadanía por
naturalización.
También se plantea
reducir la edad, que actualmente es la misma que para ser senador: 30 años.
e.2)
Artículo 64, a los fines de habilitar la reelección inmediata y por un solo
período para el Gobernador y Vicegobernador;
La cláusula más
importante para los impulsores del proyecto.
Aparentemente, tal como
está redactado, no existe la posibilidad de presentarse de nuevo después de un
período de descanso. Eso incluso es lo que ha entendido el constitucionalista
correntino Carlos Luque en su nota sobre este punto del proyecto. Luque
entiende que la prohibición a futuro de otra reelección, incluso tras un
período de descanso, es el sistema ideal, como lo tienen Corrientes y Entre
Ríos, entre otras provincias.
e.3)
Artículo 70 a los fines de incorporar un sistema de doble vuelta electoral,
para la elección de gobernador y vice gobernador.
La doble vuelta
electoral (balotaje) es un mecanismo que demostró ser necesario después de las
últimas elecciones de Gobernador.
e.4)
Artículo 72, a los efectos de reestructurar las facultades del Gobernador,
ampliar su representación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estados
extranjeros y organismos internacionales, designar los representantes de la
Provincia ante los organismos federales e interjurisdiccionales y adecuar los
institutos del indulto y la conmutación de penas conforme a la Constitución
Nacional.
*Como la Constitución
actual dice que el Gobernador representa a la Provincia ante la Nación y las
otras provincias, quieren agregarle que también la representa ante la CABA. O
eso parecía en el borrador ya que usaba la expresión “representación CON la
Ciudad…” pero luego se cambió a “EN la ciudad”, así que quizás solamente
quieren ampliar la casa de la provincia en CABA…
*Se agrega la
representación internacional de la Provincia, que a partir de 1994 existe
limitadamente.
*Le concede al
Gobernador la facultad de designar representantes provinciales ante organismos
federales e interjurisdiccionales. Sería bueno que se prevea el acuerdo
legislativo para ello.
*Pretende que el
indulto y la conmutación de pena se “adecúen a la Constitución Nacional”.
Nuevamente el error de creer que las facultades reservadas por las Provincias,
propias, deban asimilarse a las nacionales. Cada ente del Estado Federal es
libre de regular su ámbito de competencia. Además no se entiende cuál sería la
orden que le da la ley a la Convención, ya que no está expresado cómo debería
ser la adecuación.
La ley de declaración
de necesidad de reforma puede dar libertad a la Convención en un tema, o darle
un contenido detallado a respetar, lo que no puede es darle una orden
incomprensible, como demostramos que viene pasando en varios de los artículos
analizados.
* Faltó derogar la
necesidad de que el Gobernador sea autorizado por la Legislatura cuando sale
del territorio provincial sin salir del país.
f)
SECCIÓN QUINTA
f.1)
Artículo 84, con la finalidad de fijar las competencias del Procurador General
y establecer en número impar la composición de la Corte Suprema de Justicia;
No corresponde que en
este artículo se fijen las competencias del Procurador.
Tampoco es necesario
que la Constitución establezca que los miembros de Corte deban serlo en número
impar, eso corresponde a la ley. Si actualmente no logran acuerdos en la
Legislatura para establecerlo, no se entiende por qué deberían establecerlo
constitucionalmente. Y toda restricción permanente a las facultades
legislativas complica la adecuación temporaria del texto constitucional, que
debe ser pensado para durar.
En este caso el autor
del proyecto no se acuerda de su idea de adecuar la constitución provincial a
la nacional, ya que la nacional no trae restricciones al número de miembros…
f.2)
Artículo 86, con la finalidad de establecer que los jueces de los tribunales
inferiores sean designados por el Poder Ejecutivo, en base a una propuesta del
Consejo de la Magistratura con acuerdo de la Asamblea Legislativa;
Estamos de acuerdo en
que la propuesta de candidatos a jueces surja del Consejo de la Magistratura,
pero debería incluirse la palabra ‘vinculante’ para que no pierda sentido el
sistema.
f.3)
Artículo 88, con la finalidad de modificar la edad de inamovilidad de
magistrados, procurador general de la Corte Suprema, fiscales y defensores,
estableciéndose el cese automático de la misma una vez alcanzada la edad que se
determine.
Es incorrecto pretender
que se modifique la edad de inamovilidad de magistrados. La Corte Suprema de
Justicia de la Nación en el caso ‘Iribarren’ fulminó la cláusula santafesina
actual precisamente porque afecta la inamovilidad.
El proyecto,
incorrectamente, dispone “cese automático de la inamovilidad” con lo cual el
magistrado no cesa pero queda en condiciones de inestabilidad.
Lo que debe regularse,
según la misma CSJN, es que cesen en su cargo los magistrados a determinada
edad. No que pierdan la inamovilidad, que fue lo nulificado por la Corte
Nacional.
En todo caso si fue un
error de redacción podría decir “el cese automático de los mismos” (los jueces)
y no “de la misma” (la inamovilidad).
f.4)
Artículo 91, con la finalidad de establecer un nuevo procedimiento de remoción
de jueces de tribunales inferiores por medio de un Jurado de Enjuiciamiento;
La expresión
“Tribunales Inferiores” debe ser aclarada ya que hay una añeja discusión en la
doctrina y jurisprudencia sobre su significado. Debe disponerse que todos los
magistrados, excepto aquellos previstos en la cláusula de juicio político, son
removidos a través de un Jurado de Enjuiciamiento que se regulará mediante ley
especial aprobada por dos tercios de los presentes en cada cámara legislativa.
El Jurado de
Enjuiciamiento se debe tratar en conjunto con el Consejo de la Magistratura.
f.5)
Artículo 93, con la finalidad de suprimir la competencia originaria de la Corte
Suprema de Justicia en materia contenciosa-administrativa, juicios de
expropiación y juicios de responsabilidad civil contra magistrados judiciales e
incorporar otros supuestos de competencia originaria;
“Suprimir la
competencia originaria” dice, pero no toda la competencia de este artículo es
originaria, aunque sí toda es exclusiva.
No se puede dejar
abierto cuáles otros supuestos de competencia originaria se establecerán, ya
que es un tema demasiado delicado, que puede conducir a que la propia Corte
nulifique lo reformado.
Y también se podrían
quitar a la Corte otros casos de competencia exclusiva como los recursos contra
las decisiones del Tribunal de Cuentas.
g)
SECCIÓN SEXTA
g.1)
Artículo 98, a los fines de incorporar al Vicegobernador, al Fiscal General y
al Defensor General como sujetos pasibles de ser sometidos a juicio político;
Incorporar al
Vicegobernador es un planteo más o menos unánime entre los constitucionalistas,
aunque los convencionales de 1962 no lo establecieron porque no estaban de
acuerdo.
Establecer el Juicio
Político para el Fiscal General y el Defensor General, que actualmente son
funcionarios temporarios, es un exceso.
Lo que sí debe preverse
es que la ley pueda implementar mecanismos similares al del Juicio Político
para la remoción de otros funcionarios, con lo cual mejoraríamos los actuales
procesos de remoción de Fiscal y Defensor General.
h)
SECCIÓN SÉPTIMA
h.1)
Artículos 106, 107 y 108, a los fines de establecer el alcance de la autonomía
de los municipios, disponiendo la distribución de competencias entre la
Provincia, los Municipios y las Comunas y los criterios para el dictado de
cartas orgánicas municipales, en su caso, garantizando la paridad de género en
la conformación de las listas de candidatos para la integración de los órganos
de gobierno locales. Asimismo, a los efectos de ampliar el período de duración
del mandato de los integrantes de las Comisiones Comunales a cuatro (4) años.
Varios problemas:
*vuelven con la
paridad, con lo que estamos de acuerdo pero no con su petrificación
constitucional;
*establecer el alcance
de la autonomía de los municipios: al momento de reformar las funciones
legislativas habló de ‘categorías de ciudades’ que ahora no menciona, así que
la orden dirigida a la Convención es por demás confusa;
*mantiene la distinción
entre Municipios y Comunas, que a la luz de la Reforma Constitucional Nacional
de 1994 resulta insostenible. Todo núcleo urbano con identidad propia debe ser
respetado en su autonomía. Todos deben poder darse sus cartas orgánicas para
definir cómo conformarán sus autoridades y cómo sostendrán su gobierno.
* Creemos que la
reforma en el aspecto autonómico de todos los núcleos urbanos (sin mantener la
discriminación entre Municipios y Comunas) debe ser amplia y valiente. No
solamente en el aspecto político vinculado a la selección de sus autoridades y
régimen electoral. También debe ser amplia en lo tributario, pensando incluso
regímenes de coparticipación inversa por los cuales sean las ciudades quienes
recauden, y deriven a la Provincia lo necesario para el cumplimiento de sus
funciones de coordinación.
* También debería
preverse la posibilidad de que se fusionen ciudades mediante acuerdos de
unificación o concertación.
i)
SECCIÓN OCTAVA
i.1)
Artículos 109, 110, 111, 112 y 113, a los fines de asegurar el derecho a la
educación como derecho humano conforme a los principios, reglas y estándares
vigentes como bien público y social garantizado en forma indelegable por el
Estado, sostenido por los principios de universalidad, laicidad, inclusión
socioeducativa y calidad educativa
Hay que ser muy
cuidadosos al modificar una cláusula que está bien hecha en un tema tan
delicado como este. Deben señalarse los temas que se pueden incorporar y los
que no. Por ejemplo: no debe permitirse que se elimine la gratuidad de la educación,
que extrañamente está omitida, ya que son aspectos que no pueden quedar sujetos
a la conformación que finalmente tenga la Convención.
j)
SECCIÓN NOVENA
j.
1) Artículos 114 y 115, a los fines de incorporar la representación
proporcional para la distribución de bancas y la participación política en base
al principio de paridad entre géneros en la conformación de las listas de
candidatos de convencionales constituyentes, suprimir el segundo párrafo del
art. 115 e incorporar el sistema de enmiendas para reformar un artículo de la
Constitución con la aprobación de mayorías especiales por la Legislatura y el
refrendo de una consulta popular para su entrada en vigor;
*de nuevo la paridad,
actualmente valiosa pero que no debe ser cristalizada constitucionalmente.
*no se comprende por
qué duda el redactor del proyecto acerca de la proporcionalidad en la
distribución de las bancas de convencionales, siendo que ello en el texto
actual está diferido a la Legislatura de ese momento, cosa que por otra parte
nos parece lo más correcto.
*propone derogar el
segundo párrafo del artículo 115, que establece que si se fija plazo para la
Reforma, el plazo y su ampliación pasaron y la Convención no terminó su tarea,
se considera que la Reforma no se hizo. El texto actual es correcto y su
eliminación es una mala idea. Esa norma fue establecida en 1962 porque Santa Fe
tuvo el nefasto antecedente de la Convención de 1921 que se extendió más allá
de sus límites temporales acarreando la discusión sobre su validez; para evitarlo
es que se fijó esta clara disposición. Lo contrario, lo que pretende el
redactor de este proyecto, sería que la Convención pueda sesionar sin límite de
tiempo, o que lo hecho al fenecer el término valga como sea que haya quedado…
no parecen buenas soluciones.
*el sistema de
enmiendas para la reforma de la Constitución Provincial no solamente no ha sido
consensuado en ningún foro técnico o político, sino que no tiene antecedentes
en el Derecho Público Provincial Argentino. Además de la pésima técnica legislativa
que se demuestra en la expresión “un artículo”.
En caso de optarse por
el discutible mecanismo de enmiendas debe permitirse en toda reforma parcial,
pero no puede el límite ser “un artículo” especialmente porque las normas
constitucionales (como complejo mecanismo que son) nunca están en un solo
artículo.
Artículo
2º: Habilitase la reforma de la Constitución Provincial mediante la
incorporación de los artículos relacionados con las siguientes materias:
Este artículo dispone
que ciertos temas se deben agregar porque no estaban en el texto constitucional
vigente. Varios de ellos sí están, pero no los debe haber hallado el redactor
en su apresurada lectura.
1)
Defensa y fortalecimiento del orden constitucional y democrático;
Ya está en la
Constitución Nacional, pero consideran necesario repetirlo aquí.
2)
Nuevos derechos y garantías orientados a adecuar la Constitución Provincial a
la Constitución Nacional y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos e
incorporar otros tales como: derecho a la identidad, derecho a la diversidad
sexual, la eliminación de toda discriminación contra la mujer, derechos de los
niños, niñas y adolescentes, derecho de las juventudes, derecho de los adultos
mayores, derechos de las personas con discapacidad, Seguridad Ciudadana y
Seguridad Privada, derechos de la víctima, derechos sexuales y derechos
reproductivos, protección al consumidor, derecho al deporte, derecho a un
ambiente sano y sustentable,  dominio
originario y protección de los recursos naturales provinciales, derecho al
agua, derecho a un hábitat urbano y derecho a la ciudad,  economía social y solidaria, medidas para el
cumplimiento, ejercicio y goce de los derechos económicos, sociales y
culturales, ampliación del derecho de igualdad en torno al rol del Estado,
ampliar la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia y de las
comunicaciones, incorporar la función ambiental de la propiedad, promoción de
la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica y productiva,
reconocimiento del derecho al acceso a las tecnologías de la información y la
comunicación, derecho a la planificación y evaluación de resultados de las
políticas públicas provinciales, la protección de toda forma de comunidad
familiar y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas,
reconocimiento del turismo como bien social de la Provincia;
Mega artículo. Se
utilizan términos legos que no tienen ningún significado jurídico, y que van a
generar discusiones y malas interpretaciones que pueden llevar mucho tiempo en
la Convención.
Repetimos que no hace
falta mencionar estos derechos en la Constitución Provincial ya que como dice
el artículo 6 todos los derechos consagrados en la Constitución Nacional rigen
para los santafesinos.
Pero vamos a señalar
solamente lo que más nos llama la atención en este inciso ómnibus:
* “Seguridad Ciudadana
y Seguridad Privada” otra terminología equívoca, sin definiciones claras en
doctrina, además de lo peligroso que puede ser dejar en manos privadas la
Seguridad que es un servicio público esencial, por no pensar que se refiera al
derecho de las personas a armarse. Algo de eso debe haber ya que, entre el
borrador y el proyecto, se agregó a continuación la expresión “derechos de las
víctimas” (que si se refiriese a cuestiones procesales estaría incorrectamente
ubicado).
* “derechos sexuales y
reproductivos” puede incluir o no el aborto por ejemplo, con lo cual corremos
el riesgo de que una Convención conservadora prohíba la asistencia hospitalaria
en esos casos (ya que no podría prohibirse válidamente lo que el sistema
nacional de derechos permite).
* el derecho al
ambiente está habilitado en términos mezquinos, además de tratarse de un tema
ya existente en la Constitución Provincial en su artículo 28, por lo cual allí
debía preverse y no en este apartado.
* “derecho a la ciudad”
es otra de las muchas expresiones equívocas y novedosas, originadas en las
ciencias sociales no jurídicas, y que el derecho aún no ha delimitado
técnicamente.
* “dominio originario y
protección de los recursos naturales provinciales”: es un tema que no depende
de la Constitución Provincial ya que fue expresamente establecido en la reforma
nacional del 94.
* “economía social y
solidaria” tema ya previsto en el artículo 26 y allí debió mencionarse.
* “ampliación del
derecho de igualdad en torno al rol del Estado” es muy difícil leer una
expresión demostrativa de más ignorancia técnica… Primero que la igualdad es un
principio y no un derecho. Segundo que decir “en torno” no resulta indicativo
de nada. Y luego la referencia al Estado impide saber si la Igualdad es del
Estado con otros sujetos, si debe ser respetada por el Estado, u otra abstrusa
idea.
* la inviolabilidad de
la privacidad está regulada en el artículo 10 de la Constitución Provincial
actual, y allí debió mencionarse.
* la función ambiental
de la propiedad (suponemos que implica restricciones a la propiedad privada
para preservar el medio ambiente) debió establecerse en el artículo 15 o en el
28.
* lo vinculado a
tecnología y TIC aparece sin una manda clara respecto, siendo que se trata de
un tema especialmente sensible en la modernidad
* la expresión “medidas
para el cumplimiento, ejercicio y goce…” es innecesaria y de pésima técnica
legislativa.
* para el final la
incorrecta mención a “pueblos indígenas”, terminología repudiada por los
pueblos originarios, ya que ‘indígenas’ alude a la antigua confusión de América
con las Indias, mientras que quienes estudiamos y acompañamos estos reclamos
siempre hablamos de ‘pueblos originarios’, los que necesitan –primero- que el
Estado Provincial los reconozca como pueblos, lo cual ya está mandado desde
1994 en la Constitución Nacional.
3)
Incorporación de la perspectiva de género en el diseño y, ejecución y
producción de  todo el proceso de
producción de políticas públicas en todas las áreas de organización y
funcionamiento del Estado;
Las políticas públicas
no se hacen en la Constitución sino en la gestión de gobierno. No corresponde
que se diseñen ‘políticas públicas’ en las constituciones, sino que ello debe
quedar a criterio de cada generación electoral. Lo que las constituciones
diseñan son derechos, garantías e instituciones, siendo las políticas públicas
su producto.
4)
Inclusión de mecanismos de democracia semidirecta participación ciudadana y de
democracia semidirecta tales como la Consulta Popular, Revocatoria de Mandato e
Iniciativa Popular. Incorporación del Consejo Económico y Social;
Reitera –en pésima
técnica redactora- la Iniciativa Popular que ya había mencionado en el apartado
de iniciativa legislativa.
Suponemos que en
Consulta Popular considerarán incluir Plebiscito y Referéndum, así como Veto
Popular, ya que los tres términos brillan por su ausencia.
Con respecto al Consejo
Económico y Social, es una instancia de participación asesora que no ha
funcionado correctamente en las provincias donde se ha creado.
5)
Incorporación de normas y principios rectores en materia de servicios públicos
tendientes a garantizar la instransferibilidad de su titularidad, su prestación
estatal y el régimen de audiencias públicas con el objeto de alcanzar mayor
participación, eficiencia y transparencia en la gestión de los mismos;
Nuevamente pretende
cristalizar políticas de monopolio estatal en el texto constitucional. Estamos
a favor de la existencia de empresas estatales prestadoras de servicios
públicos, y creemos que es bueno que existan siempre. Pero estamos en contra de
todo monopolio (aún cuando éste sea estatal). Sería mejor establecer mayorías
especiales para las decisiones sobre las empresas estatales, pero bloquear toda
decisión al respecto no parece adecuado.
Menciona a las
audiencias públicas, pero sigue sin hacerlas vinculantes, que sería la forma de
que sirvan a esos fines, cosa que hasta ahora ningún gobierno provincial ha
impulsado en las leyes respectivas.
Las audiencias públicas
son mecanismos de democracia semidirecta por lo que deberían estar en el punto
anterior.
Extrañamente se olvida
de los entes controladores y reguladores del servicio público.
6)
Otorgamiento de rango Constitucional al Consejo de la Magistratura como sistema
de selección de magistrados, defensores públicos y fiscales. Aseguramiento de
la independencia, imparcialidad, idoneidad y compromiso democrático con el
Estado de Derecho y el servicio de justicia, de quienes resulten designados;
Estamos de acuerdo en
la necesaria constitucionalización de la institución Consejo de la
Magistratura, pero creemos que debe ser un poco más regulado
constitucionalmente para que no dependa tanto de las mayorías políticas
coyunturales.
El Consejo de la Magistratura
no debe ser solamente para seleccionar jueces, debe incluir en su seno al
Jurado de Enjuiciamiento, y debe ocuparse de administrar los recursos de toda
índole que corresponden al Poder Judicial, para que los magistrados se dediquen
solamente a ejercer su jurisdicción.
Asimismo, debe ya
dejarse establecida la representación amplia de todos los sectores. Y
asegurarse la vinculatoriedad de sus decisiones respecto al envío de pliegos
que haga el Ejecutivo.
7)
Jurado de enjuiciamiento para la remoción de magistrados, defensores públicos y
fiscales;
Este tema debe ser
tratado dentro del Consejo de la Magistratura para no caer en una enorme
creación de órganos diferentes. Además ya fue mencionado al tratar el artículo
91.
Y debe asegurarse la
más amplia facultad ciudadana de denunciar incumplimientos de los funcionarios
judiciales.
8)
Otorgamiento de rango constitucional al Ministerio Público de la Acusación y al
Servicio Público de la Defensa, consagrando su autonomía funcional, autarquía y
un método adecuado para la designación de sus órganos directivos a fin de
garantizar su idoneidad, independencia y compromiso con el Estado de Derecho y
los principios democráticos, asegurando su estabilidad por el tiempo que se
fije para sus funciones;
El método adecuado de
designación de sus órganos directivos supuestamente era el Consejo de la
Magistratura, que en su apartado decía servir para elegir jueces, defensores y
fiscales.
9)
Reconocimiento constitucional a la Defensoría del Pueblo, garantizando la
autonomía funcional, legitimación activa, la autarquía, y la independencia e
idoneidad de quienes desempeñen los cargos directivos;
Es uno de los temas
consensuados, la constitucionalización de la Defensoría del Pueblo, que debería
ampliar sus objetivos a los servicios públicos, la defensa de la competencia,
la discriminación, el acoso laboral en el sector público, etc.
Nuevamente menciona la
independencia e idoneidad de los integrantes de este órgano, como lo hizo con
los jueces y con los miembros de los Ministerios Públicos. Es una disposición
totalmente innecesaria ya que va de suyo que el Estado solamente puede
seleccionar funcionarios independientes e idóneos, aunque tantas veces yerre al
evaluarlos…
10)
Incorporación de principios sobre la obligación de producción de la Información
Pública por parte del Estado Provincial, Municipal y Comunal, sistemática,
confiable, accesible y disponible para toda la comunidad. Obligación de los
funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas e incorporación de normas
tendientes a fortalecer la transparencia del Estado. Mecanismos de control
ciudadano.
Muy positivo aunque
pésimamente redactado. Vale señalar que con el texto constitucional actual nada
impide que la Legislatura sancione y el Ejecutivo promulgue una ley al
respecto, así que en ese sentido sería bueno ir avanzado.
11)
Regulación de la facultad de la Provincia para celebrar convenios
internacionales;
Ya mencionó el tópico
al tratar las funciones del Gobernador. Debe quedar en claro que el ámbito de
actuación internacional de las provincias es muy reducido ya que las relaciones
internacionales son resorte del Gobierno Federal.
12)
Reconocimiento constitucional de las regiones, de las áreas metropolitanas y
sus respectivos entes de coordinación. Incorporación de criterios de
descentralización.
Los criterios de
descentralización no pueden simplemente enunciarse. Debe haber mayores
precisiones al respecto. Un criterio de descentralización sería que el
Gobernador atienda una vez por mes en cada cabecera de departamento, o que los
ministros tengan su despacho en diferentes puntos de la Provincia. Dejar
demasiada amplia esta habilitación puede concluir en exageradas medidas.
Con respecto al
‘reconocimiento’ de regiones (y ‘nodos’ en el borrador, los que fueron eliminados
del proyecto) es un error asumir que se reconoce algo preexistente, que tiene
una realidad previa a la norma. En realidad las regiones y los nodos dentro de
la Provincia han sido una creación arbitraria realizada durante el gobierno de
Binner, que no responden a una historia unificadora. En todo caso se puede
dejar en manos de la Legislatura establecer regiones o nodos internos, pero no
resulta conveniente que la Constitución convierta en regla una decisión
coyuntural.
Artículo
3º: Habilitase la Adecuación, compatibilización, renumeración y/o incorporación
de las secciones, capítulos y/o artículos que sean necesarios para introducir
las reformas que se sancionen.
Lógico para concluir
con un texto ordenado. Pero no es necesario habilitación expresa para ello.
Artículo
4º: Habilitase la sanción de las cláusulas transitorias, que se consideren
necesarias.
Lógico también, aunque
también innecesario que se habilite expresamente.
——-
Los siguientes
artículos regulan el proceso electoral especial que se abre, y los comentaremos
a todos juntos en pocos párrafos al final, ya que no resultan de mayor interés.
Artículo
5º: La elección de Convencionales Constituyentes se regirá por lo dispuesto en
la presente ley, siendo de aplicación en todo lo que no esté previsto por ésta,
la totalidad de las normas provinciales vigentes en materia electoral y de
partidos políticos, con sus modificatorias, y con carácter supletorio, el
Código Nacional Electoral (Ley N° 19.945 y modificatorias) y la Ley Orgánica de
los Partidos Políticos (Ley N° 23298 y modificatorias).
Para
esta elección no será de aplicación lo dispuesto por la Ley Provincial N°
12.367 y sus modificatorias, exclusivamente en lo relativo a la existencia de
elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Artículo
6º: El Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de convencionales
constituyentes luego de la promulgación de la presente ley. La convocatoria
deberá fijar el día de la elección que será dentro de los 120 días de esa
promulgación y no podrá coincidir con elección alguna.
Artículo
7º: La elección de convencionales constituyentes se efectuará en una única y
definitiva elección. Los convencionales constituyentes serán elegidos
directamente por el pueblo de la provincia. A tales efectos la provincia
constituirá un distrito electoral único y la representación será distribuida en
su totalidad mediante el sistema proporcional variante D´Hont, teniendo
presente también el principio de paridad de género en la conformación de las
listas y con la aplicación del umbral electoral del 1,5% del total del padrón
electoral, a efectos de alcanzar la obtención de algún escaño.
Artículo
8º: Para ser convencional se requiere ser ciudadano argentino, tener por lo
menos veintidós años de edad y si no hubieren nacido en la Provincia, dos años
de residencia inmediata en ésta. El cargo de convencional es compatible con
cualquier otro nacional, provincial o municipal. Los convencionales gozarán de
las mismas inmunidades y remuneración de los legisladores, mientras ejerzan sus
funciones. Resultará incompatible la percepción por parte de los convencionales
constituyentes, de más de una remuneración a cargo del estado nacional,
provincial o municipal, durante el ejercicio de su función.
Artículo
9º: La Convención Reformadora se instalará en la ciudad de Santa Fe e iniciará
su labor dentro de los 10 (diez) días posteriores a las elecciones generales de
convencionales constituyente y finalizará sus sesiones a los 40 (cuarenta) días
de su instalación, pudiendo prorrogar el término de su duración una sola vez y
por la mitad del plazo fijado.
Artículo
10º: La Convención Reformadora será juez último de la validez de los derechos y
títulos de sus miembros y queda reservado a ella todo lo concerniente a su
ordenamiento interno.
Artículo
11º: Las alianzas que concierten los partidos reconocidos con vista a la
presente elección, reuniendo los requisitos de la Ley Nº 6.808, serán puestas
en conocimiento del Tribunal Electoral, acompañando los símbolos, emblemas o
figuras partidarias, con una anticipación no menor de ochenta (80) días de la
realización de la misma.
El
Tribunal Electoral de la Provincia, dentro del plazo de cinco (5) días deberá
resolver su reconocimiento y aprobación.
La
resolución que rechace los símbolos, figuras partidarias y fotografías
acompañadas será recurrible dentro de las veinticuatro (24) horas ante el mismo
Tribunal Electoral. El mismo resolverá en el plazo de tres (3) días por
decisión fundada.
Artículo
12º: Listas de candidatos. Inscripción. Desde la publicación de la convocatoria
a elecciones y hasta sesenta y siete (67) días anteriores a las mismas, las
autoridades partidarias o, en su caso, ante las autoridades de la confederación
o apoderados de las alianzas electorales respectivas, deberán elegir y aprobar
una única lista de candidatos que cumpla con el mecanismo de alternancia entre
géneros (uno y uno) y que reúna los mismos los requisitos propios del cargo y
no estar comprendidos en las inhabilidades de la ley. Podrán así también
postularse candidatos extrapartidarios, acreditando para ello el cumplimiento
de los requisitos exigidos por la Carta Orgánica del respectivo partido. Las
autoridades partidarias o de la confederación o los apoderados de las alianzas
electorales, dentro de las veinticuatro (24) horas a partir de la aprobación
las mismas, deberán comunicarlas para su oficialización al Tribunal Electoral
de la Provincia, acompañando para ello las adhesiones correspondientes y las fotos
de los candidatos.
Los
partidos políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo menos uno con
residencia en cada departamento de la provincia. Junto con los titulares, las
listas de convencionales constituyentes, se integrarán con sus respectivos suplentes.
Presentada
la solicitud de oficialización por ante el Tribunal Electoral de la Provincia
–cumpliendo todos los requisitos y condiciones precedentemente enumerados,
entre ellos, el mecanismo de paridad de genero en su conformación-, el
organismo se expedirá en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos; o, en su
caso, correrá vista al apoderado de la lista a fin de que practique las
integraciones, sustituciones o subsanaciones a que hubiere lugar, en un plazo
no mayor a cinco (5) días corridos.
Artículo
13º: Adhesiones. Conjuntamente con la solicitud de oficialización de las listas
de candidatos, cada partido, alianza o confederación de partidos, deberá contar
con la adhesión del cuatro por mil (4%o) del padrón de afiliados, debiendo
incluir –en dicho porcentaje y en igual proporción la adhesión de afiliados de
por lo menos catorce (14) departamentos computados del total del padrón de
afiliados. Las adhesiones deberán ser suscriptas –previa acreditación de la
identidad del adherente- en los Juzgados Comunales, locales habilitados a tal
efecto por el Tribunal Electoral, y otras oficinas o reparticiones estatales
que disponga el Poder Ejecutivo en la reglamentación de la presente, la que
deberá establecer los mecanismos que garanticen un debido registro en las
oficinas habilitadas y un estricto control de la información que las mismas
brinden al Tribunal Electoral, en orden a asegurar que las adhesiones que hayan
presentado los candidatos sean coincidentes con las recibidas por el Tribunal
Electoral. En todos los casos, las certificaciones de firmas podrán ser
efectuadas por Jueces Comunales, Secretarios y Funcionarios judiciales
autorizados a tal fin o superior jerárquico de la dependencia policial que
corresponda a cada localidad. Las mismas estarán exentas de tributación.
También podrán efectuarse ante escribano público con la misma obligación de
comunicación al Tribunal Electoral.
Artículo
14º: Listas. Vacancias. En caso de vacancia en las listas de candidatos, ésta
sólo podrá ser cubierta por otro candidato del mismo género que la que produjo
la vacancia, siguiendo el orden de postulación (corrimiento) de los candidatos.
El partido, confederación o alianza electoral correspondiente, deberá registrar
otro suplente en el último lugar de la lista en el término de cuarenta y ocho
(48) horas a contar de la fecha en que, por resolución, se dispuso el
corrimiento, cuyo género no podrá ser coincidente con aquél que le precede,
garantizándose de esta forma que dos personas del mismos género no puedan
ubicarse en forma consecutiva en la misma lista.
Artículo
15º: Convención Reformadora. Vacancias. En caso de fallecimiento, renuncia,
separación, inhabilidad, incapacidad sobreviniente y/o cualquier otra causal
que imposibilite a un candidato la asunción o ejercicio del cargo, la
sustitución o reemplazo deberá hacerse efectivo por otro del mismo género y
partido que aquél que produjo la vacancia, siguiendo el orden establecido en la
misma lista. Sólo una vez agotados los reemplazos por candidatos del mismo
género, podrá continuarse la sucesión por el orden de los suplentes del otro
género.
Artículo
16º: Control del proceso comicial. El Tribunal Electoral Provincial tendrá a su
cargo el control del proceso comicial a partir de la convocatoria a elecciones,
con las competencias, atribuciones y facultades previstas en la legislación
para los procesos electorales.
Artículo
17º: Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar los gastos necesarios para el
cumplimiento de esta ley y a efectuar las modificaciones y/o adecuaciones presupuestarias
indispensables a tal fin.
Artículo
18º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
*Es decir: pretenden
que la elección se haga con boleta única, sin internas partidarias previas, ni
abiertas ni cerradas. Cada partido deberá definir a dedo a sus candidatos. Pero
al no permitirse internas estamos vulnerando los derechos de los partidos
políticos a la definición competitiva de sus candidatos, garantizado en el
artículo 38 de la Constitución Nacional: “la competencia para la postulación de
candidatos a cargos públicos electivos”.
Por lo tanto,
impedirles las internas, es totalmente ilícito. No sería necesario que fuesen
abiertas, simultáneas, etc. Pero el derecho a realizar elecciones internas debe
ser asegurado, salvo que los partidos no deseen hacerlas de acuerdo a sus
respectivas cartas orgánicas.
Y advierto que muchos
de los partidos tienen expresamente prohibido en sus normas internas designar
candidatos sin internas dirimidas por votación…
* El plazo de 90 días
desde la promulgación para la celebración de elecciones que traía el primer
borrador, fue extendido a 120 en el proyecto final, demostrando lo ajustado de
los términos con los que se apura el Gobierno de Santa Fe.
* El artículo 13
desliza que el Poder Ejecutivo puede reglamentar la ley de declaración de
necesidad de Reforma. Ello es totalmente inconstitucional. El ejecutivo
solamente puede vetar, pero no reglamentar de ningún modo esta ley
especialísima.
CONCLUSIONES:
La necesidad de una Constitución para todos.
“Y
si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno,
sino para bien de todos…”
El rápido recorrido que
hicimos a través del proyecto enviado por el Ejecutivo Provincial para intentar
reformar la Constitución de la Provincia de Santa Fe, nos deja algunas reflexiones:
La Reforma
Constitucional y los apuros electorales no se llevan bien. Las instituciones
están bien tuteladas cuando se exigen mecanismos lentos y especiales para
modificarlas, ya que de lo contrario se cambiarían todos los días apenas dejan
de convenir a los dirigentes del momento.
Los proyectos de ley, y
más aún los de Reforma Constitucional no solamente necesitan consenso y
decisión política, del mismo modo que convencimiento social, sino también un
adecuado trabajo técnico jurídico que quienes piensan solamente como
funcionarios no logran hacer objetivamente.
La Constitución de
Santa Fe necesita algunos ajustes producto del paso del tiempo, pero ninguno de
ellos es urgente, ni hay graves problemas en nuestra cotidianeidad que sean
responsabilidad del texto constitucional.
Para todo esto sería
conveniente un gran entendimiento entre los dirigentes políticos, alejar todas
estas decisiones de los escenarios electorales, y con tiempo y viento a favor
podremos tener una Constitución mejor que la actual.
Pero debemos ser
conscientes de algo: nuestra Constitución Provincial de 1962 es muy buena, y
está muy bien protegida precisamente para que al tocarla no se pierda todo lo
bueno que tiene.
No en vano fuimos –en
1819 y de la mano del Brigadier López- la primera Provincia en darnos
Constitución.
Domingo Rondina
Abogado
constitucionalista
www.domingorondina.com.ar