JUBILADOS SIN GANANCIAS

desequilibrios
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El impuesto a las ganancias en Argentina, por deformaciones en su interpretación y aplicación, ha llegado al punto de gravar las jubilaciones y pensiones.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa ‘García’ dispuso que era inconstitucional cobrarle lo mismo que a los demás a aquellos jubilados en situación de vulnerabilidad.

En el marco de ese precedente, interpusimos demanda por un jubilado santafesino de la Caja Provincial.

Lo que nos interesa especialmente era establecer la necesidad de acatamiento por parte de los jueces inferiores a los criterios claros de la Corte Suprema.

En poco menos de un mes, el Juzgado Federal 1 de Santa Fe dispuso la medida cautelar haciendo aplicación directa del ‘precedente’ y se convirtió en el primer juzgado federal del país que dispuso el seguimiento inmediato de la Corte.

Señalemos también que el 7 de mayo la misma CSJN en autos ‘GODOY’ y otros instó a los juzgados federales a acelerar este tipo de amparos, y les indicó que alcanza con fundar por remisión a ‘García’ incluso mediante la sola cita web del caso.

A continuación, transcribimos íntegra la sentencia en ‘VIOTTI c/ AFIP’:

 

#33493846#233033919#20190429102145581

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SANTA FE 1

Santa Fe, 29 abril de 2019. MEF

Y VISTOS: estos autos caratulados: “VIOTTI, EMIR HECTOR

c/ A.F.I.P. s/AMPARO LEY 16.986” expediente N°17082/2019 de los

registros de la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal N° 1 de

Santa Fe; de los que resulta que:

1.- Emir Héctor Viotti–por apoderado- interpone acción

de amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional

y ley 16.986 y artículos concordantes de los Tratados Internacionales

sobre derechos humanos con jerarquía constitucional contra la

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los fines que se

declare la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc. C); 79, inc. C); 81 y

90 de la ley de impuesto a las ganancias Nª 20.628, en el caso

particular del jubilado en situación de vulnerabilidad.

Peticiona concretamente que su mandante sea eximido

de tributar impuesto a las ganancias sobre sus haberes previsionales

y que se le reintegren las sumas retenidas desde el inicio de la

presente acción.

Con relación a los hechos comenta que el Sr. Emir Héctor

Viotti tiene 85 años de edad y es jubilados de la Caja de Jubilaciones

de la Provincia de Santa Fe. Refiere que conforme certificado médico

suscripto por el Dr. Eduardo Carlos López de fecha 29.03.2019 y que

adjunta a los autos, padece de cáncer de colon hace

aproximadamente diez (10) años. Dice que esta enfermedad requiere

de múltiples cuidados y tratamiento los que insumen cuantiosas

sumas de dinero. Afirma que el actor se encuentra en una

personalísima situación de vulnerabilidad en virtud de su avanzada

edad y estado de salud respecto a otros jubilados.

Agrega que a su mandante mensualmente le es retenido

y extraído de su haber jubilatorio un monto de dinero correspondiente

a impuesto a las ganancias conforme art. 79 inc c) de la ley 20.628

que implica un 16% del total que percibe.

Asevera que ese monto es alto e insostenible en razón de

tratarse de un adulto mayor, de edad avanzada con importantes

problemas de salud a los que él mismo debe afrontar

económicamente.

Cita el precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de

Justicia de la Nación “García, María Isabel c/ AFIP s/ Acción

meramente declarativa de inconstitucionalidad” y peticiona que,

siguiendo la tesis de la Corte Nacional en que sus decisiones deben

ser seguidas por los tribunales inferiores, se resuelva en el presente

caso, en sentido análogo.

Solicita el dictado de medida cautelar disponiendo el cese

inmediato del descuento que por impuesto a las ganancias está

siendo realizado a su mandante, mientras dure el trámite de la

presente causa. Sostiene que la gravedad actual de la situación de su

instituyente y el gravamen que será irreparable sin una medida

cautelar urgente justifican su petición. Fundamenta el peligro en la

demora, en evitar un perjuicio inminente en la vida, la salud, el

bienestar físico y mental de su mandante. Entiende que la caución

juratoria resulta suficiente para salvar los hipotéticos e improbables

perjuicios que las medidas pudieran producir.

Manifiesta que su mandante se encuentra legitimado para

interponer la presente demanda en resguardo de sus derechos

constitucionales vulnerados y que la Administración Federal de

Ingresos Públicos reviste el carácter de legitimado pasivo por ser la

autoridad administrativa que retiene los fondos.

Fundamenta admisibilidad de la acción de amparo.

Ofrece prueba. Hace reserva del Caso Federal. Solicita la

inaplicabilidad al actor de los arts. 23 inciso c); 79 inciso c); 81 y 90 de

la ley de impuesto a las ganancias Nª 20.628, eximiéndolo de tributar

impuesto a las ganancias sobre sus haberes previsionales y

reintegrándole las sumas retenidas desde el inicio de la presente

acción.

2.- A fs. 23 se dio intervención al Sr. Fiscal Federal de

conformidad con lo dispuesto por el art. 39 de la ley 24.946.

3.- En este estado, quedaron los autos en estado para

resolver.

Y CONSIDERANDO QUE:

Primero: En el marco de la acción de amparo interpuesta

Emir Héctor Viotti solicita el dictado de medida cautelar a fin que la

Administración Federal de Ingresos Públicos cese en la retención que

por concepto de impuesto a las ganancias efectúa sobre su haber

previsional.

Segundo: En este estado, debe analizarse la verificación en

el caso de los requisitos de admisión de la medida, cuales son: a)

verosimilitud del derecho invocado, y b) el peligro de sufrir un daño

con carácter irreparable, requisitos previstos en el art. 230 del ritual,

complementado para su obtención con el cumplimiento del art. 199

del CPCC.

Ha señalado nuestro más alto Tribunal Federal que:…“las

medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de

certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo de su

verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se

encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es

otra cosa que atender aquello que no exceda del marco de lo

hipotético dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.”(Fallos:

306:2060).

Que con relación al primero de los recaudos, cabe

mencionar como bien lo hace la accionante, que la situación que

aquí viene a resolver, debe analizarse a la luz del reciente fallo

dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos FPA

7789/2015/CSI-RH1 “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción

meramente declarativa de inconstitucionalidad”.

En ese pronunciamiento, el Máximo Tribunal analiza la

validez constitucional de las disposiciones de la ley 20.628 que gravan

con el impuesto a las ganancias a las rentas provenientes de las

jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en

cuanto tengan su origen en el trabajo personal (art. 79 inc. c),

contraponiendo, por un lado la legítima atribución estatal de crear

tributos y por el otro, el goce de los derechos de la seguridad social de

igualdad entre los beneficiarios contribuyentes.

A sus efectos entiende necesario definir los alcances de los

principios de igualdad y de razonabilidad en materia tributaria, límites

constitucionales a la potestad estatal. Define la garantía de igualdad

ante la ley en un trato igualitario a quienes se hallan en una razonable

igualdad de circunstancias, sin perjuicio de contemplar de manera

distintas situaciones que considere diferentes. Expresa que en

materia impositiva el principio de igualdad no solo exige la creación de

categorías tributarias razonables sino que también prohíbe la

posibilidad de unificar las consecuencias tributarias para situaciones

que en la realidad son distintas. Desde el punto de vista

constitucional, hacer prevalecer el principio de igualdad supone

reconocer que es tan injusto gravar en distinta forma a quienes tienen

iguales medios como imponer la misma contribución a quienes están

en desigualdad de situación.

Enfatiza en la naturaleza social del reclamo. Hace referencia

a los derechos de la ancianidad recepcionados por la Constitución

Nacional, y examinados por la jurisprudencia de ése Tribunal.

En relación a ello, el fallo explica que conforme lo establece

el art. 14 bis de la Constitución Nacional el Estado otorgará los

beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e

irrenunciable a efectos que los trabajadores puedan satisfacer las

distintas contingencias –enfermedad, vejez- ante la disminución de

capacidad de ganancia y el estado de vulnerabilidad que ello conlleva,

en el que necesita contar con mayores recursos para no ver

comprometida su existencia y/o calidad de vida y el consecuente

ejercicio de sus derechos fundamentales.

Con esta base indica que es deber del legislador estipular

respuestas especiales y diferenciadas para los sectores vulnerables

con el objeto de asegurarles el goce pleno y efectivo de todos sus

derechos y que la sola capacidad contributiva como parámetro para el

establecimiento del tributo a los jubilados, pensionados, retirados o

subsidiarios resulta insuficiente si no se pondera la vulnerabilidad del

colectivo concernido. Agrega que una valoración cuantitativa en

términos de confiscatoriedad tampoco resulta pauta válida.

Simplifica que no se puede equiparar capacidad económica

con capacidad contributiva, dado que en cada caso en particular el

ingreso no impactará de igual manera atento a las condiciones de

vulnerabilidad en que se encuentre cada jubilado. Señala que con

este criterio, el legislador termina por subcategorizar mediante un

criterio patrimonial a un universo de contribuyentes que de acuerdo a

una realidad que la Constitución obliga a considerar, se presenta

heterogéneo.

Finalmente concluye el fallo del Alto Tribunal que, analizado

el estándar genérico del legislador al caso concreto, la actora contaba

en el 2015 con 79 años de edad y padecía problemas de salud, por lo

que tales circunstancias convierten a la tipología originaria del

legislador carente de matices, en una manifestación estatal

incoherente e irrazonable violatoria de la Constitución Nacional, por lo

que corresponde declarar la incompatibilidad de la norma con la

Constitución Nacional.

Tercero: Ahora bien, nuestro amparista tiene 85 años de

edad, es jubilado de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Santa

Fe, padece de cáncer de colon desde hace 10 años requiriendo por

esto de distintos tratamientos y medicamentos, además de todo lo

que irrogue y sea necesario propio de su avanzada edad.

Con el criterio sustentado supra, entiendo que el Sr. Viotti se

encuentra en una situación de suma vulnerabilidad que no puede ser

desatendida por los derechos de la seguridad social. El haber que

percibe es retribución por los servicios prestados y lo aportado en su

vida activa, es una recompensa de lo que se encuentra legitimado a

gozar y tranquilidad a la que tiene derecho en la etapa final de su

vida.

En consideración a los principios constitucionales de

integralidad e irrenunciabilidad de los beneficios de la seguridad

social entiendo que la situación de autos prima facie y en lo que el

exiguo marco cognoscitivo de la medida cautelar implica, resulta

análoga a la analizada por el Alto Tribunal.

En cuanto al segundo recaudo de procedencia de la medida

requerida, esto es, la existencia del peligro en la demora que pueda

tornar ineficaz el resultado del pleito, cabe tenerlo por cumplimentado

atento la naturaleza alimentaria sobre la que se efectúa el descuento

y retención impugnada y la importancia económica del monto

retenido.

En tanto, entiendo que se encuentran configurados los

requisitos de la verosimilitud en el derecho y peligro de la demora,

presupuestos de admisibilidad para hacer lugar a la medida cautelar

peticionada.

Cuarto: Así las cosas, conforme a ello, se hará lugar a la

medida cautelar solicitada, ordenándose a la Administración Federal

de Ingresos Públicos que se abstenga de efectuar y/o admitir

descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias (Cód. 510

AFIP) en el haber previsional de Emir Héctor Viotti, hasta tanto se

dicte sentencia definitiva en la presente causa, bajo la caución

juratoria del amparista que se considera prestada con la firma de la

demanda y solicitud de la medida.

Por todo ello,

RESUELVO:

Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por Emir Héctor

Viotti, ordenando a la AFIP (DGI) que se abstenga de efectuar y/o

admitir descuentos y/o retenciones por Impuesto a las Ganancias

(Cód 510 AFIP) en el haber previsional del actor -hasta tanto se dicte

sentencia definitiva en la presente causa-, bajo la caución juratoria del

peticionante que se considera prestada con la firma de la demanda y

solicitud de la medida.

Regístrese. Notifíquese personalmente o por cédula.

REINALDO RUBÉN RODRIGUEZ

JUEZ FEDERAL

En fecha se libró notificación electrónica a la actora. Conste.

Fecha de firma: 29/04/2019

Alta en sistema: 30/04/2019

Firmado por: REINALDO RUBEN RODRIGUEZ, JUEZ FEDERAL

Firmado(ante mi) por: MARIA MAGDALENA GUTIERREZ, SECRETARIO DE JUZGADO

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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE SANTA FE 1

Fecha de firma: 29/04/2019

Alta en sistema: 30/04/2019

Firmado por: REINALDO RUBEN RODRIGUEZ, JUEZ FEDERAL

Firmado(ante mi) por: MARIA MAGDALENA GUTIERREZ, SECRETARIO DE JUZGADO