ABORTO CONSTITUCIONAL

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Pañuelos constitucionales

El proyecto de ley que
despenaliza el aborto voluntario en Argentina, es indudablemente un proyecto
muy bien redactado y que resuelve todas las objeciones que se hicieron desde
algunos sectores.
En principio digamos
que no es digno para ningún niño nacer en un contexto familiar donde se disputa
su nacimiento o no, lo que no augura felices vínculos con sus padres.
Pero además debe quedar
en claro la esencia del proyecto que se trata: el aborto está mal, es una
opción horrorosa que una mujer toma solamente en casos donde no hay otra
salida, el aborto seguirá siendo pecado en todas las religiones. Pero lo que
queremos es que una mujer no vaya presa por abortar, solamente eso, porque
creemos que la cárcel no puede ser la respuesta del Estado a una decisión personalísima
como ésta.
En lo que al área
constitucional refiere, digamos que la definición de persona incumbe al
Congreso, no habiendo impedimentos constitucionales para decidir si la persona
existe desde la concepción (unión del óvulo con el espermatozoide) o desde el
nacimiento, pasando por las etapas intermedias.
Tal como expusiéramos
hace años la situación constitucional puede resumirse del siguiente modo:
1- La Constitución en
el inciso 23 de su artículo 75 habla de la “protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo”
2- El pacto de San José
de Costa Rica establece que la vida se protege “en general, a partir del
momento de la concepción” con lo cual permite excepciones que dispongan
los legisladores.
3- La Convención por
los derechos del niño no establece que la vida se protege desde la concepción
como maliciosamente dicen algunos. Cuando Argentina firma el pacto, por una
ley, se aclaró que para Argentina la vida empieza con la concepción. Con lo
cual otra ley podría disponer de manera distinta. En FAL la Corte ha dicho que
esa reserva no tiene ninguna consecuencia jurídica concreta (es interpretativa,
y no es técnicamente una ‘reserva’).
4- El código civil
argentino establece que hay persona desde la concepción, pero que si el feto
nace muerto se considerará que nunca existió. No depende de la ley civil
definir si un acto acarrea o no consecuencias penales. Y recordemos que el
Código Civil también es una ley que puede ser modificada por otra ley.
5- El Código Penal
reprime el aborto realizado en cualquier momento desde la concepción, pero
admite algunos supuestos: el terapéutico (cuando la vida o la salud de la madre
están en riesgo) y el eugenésico (cuando la madre es idiota o demente y fue
abusada), aunque algunos entienden que se aplicaría a cualquier caso de
violación. También el Código Penal es una ley modificable por el Congreso.
Sintetizando nuestra
normativa interna, como dijo el convencional Raúl Alfonsín en el debate de la
Convención Reformadora de 1994 “Hemos dictado una Constitución que permite
al Congreso decidir si se permite o no el aborto”.
Finalmente digamos que
el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que surge de la CADH (Pacto de
San José de Costa Rica) ha emitido dos pronuciamientos relevantes: Artavia
Murillo y Baby Boy. En ambos ha dicho con claridad que el embrión no es persona
en términos jurídicos, y que por lo tanto no es necesaria la misma protección
legal que tiene una persona nacida. Caso contrario, ni siquiera podrían
manipularse o descartarse embriones en las clínicas de fertilidad humana.
Queda en manos de la
prudencia de nuestros legisladores resolver este asunto, y en manos de los
ciudadanos peticionar y votar para que atiendan a sus reclamos.
Yo, voto aborto legal.
Domingo Rondina
Abogado Constitucionalista
www.domingorondina.blogspot.com
RELACIONADA, nuestra primera nota, de hace 20 años:

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TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO APROBADO EN DIPUTADOS

PROYECTO DE LEY
El Senado y la Cámara
de Diputados…
INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
TÍTULO
I
Modificación del Código Penal.
ARTÍCULO 1° – Sustitúyese el
artículo 85 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 85.- El que causare un aborto será reprimido:
1)         con prisión de tres (3) a
diez (10) años si obrare sin consentimiento de la mujer o persona gestante.
Esta pena podrá elevarse hasta quince (15) años si el hecho fuere seguido de la
muerte de la mujer o persona gestante. Los médicos, cirujanos, parteros,
farmacéuticos u otros profesionales de la salud que causaren el aborto o
cooperaren a causarlo sin consentimiento de la mujer o persona gestante
sufrirán, además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la
condena;
2)         con prisión de tres (3)
meses a un (1) año si obrare con el consentimiento de la mujer o persona
gestante y el aborto se produjere a partir de la semana quince (15) del proceso
gestacional, siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86
del presente Código”.
ARTÍCULO 2° – Incorpórase como
artículo 85 bis del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Artículo 85 bis- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año
e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena la autoridad de
un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare injustificadamente,
obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente
autorizados.
La pena se elevará de uno (1) a tres (3) años si, como resultado de la
conducta descripta en el párrafo anterior, se hubiera generado perjuicio en la
vida o la salud de la mujer o persona gestante.”. 
ARTÍCULO 3° – Sustitúyese el
artículo 86 del Código Penal el que quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 86.- No es delito el aborto realizado con consentimiento de la
mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del proceso
gestacional.
En ningún caso
será punible el aborto practicado con el consentimiento de la mujer o persona
gestante:
a)              
si el embarazo fuera producto de una violación,
con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona
gestante ante el profesional de salud interviniente;
b)              
si estuviera en riesgo la vida o de la salud la
mujer o persona gestante, considerada como derecho humano;
c)              
si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.”.
ARTÍCULO 4° – Sustitúyese el
artículo 88 del Código Penal el que
quedará redactado de la siguiente forma:
“Artículo 88.- Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año
la mujer o persona gestante que causare su propio aborto o consintiere en que
otro se lo causare cuando el mismo fuera realizado a partir de la semana quince
(15) del proceso gestacional y no mediaren los supuestos previstos en el
artículo 86 del presente Código. La tentativa de la mujer o persona gestante no
es punible.
El juez podrá disponer que la pena se deje en suspenso en atención a los
motivos que impulsaron a la mujer o persona gestante a cometer el delito, su
actitud posterior, la naturaleza del hecho y la apreciación de otras
circunstancias que pudieren acreditar la inconveniencia de aplicar la pena
privativa de la libertad en el caso.”.
TÍTULO
II
Interrupción voluntaria del embarazo.
ARTÍCULO 5°- Objeto. Esta
ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres o personas gestantes
a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo de conformidad con las
disposiciones de la misma.
ARTÍCULO 6°- Derechos protegidos.
Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos en la Constitución
Nacional y los tratados de derechos humanos ratificados por la República
Argentina, en especial, los derechos a la dignidad, la vida, la autonomía, la
salud, la integridad, la diversidad corporal, la intimidad, la igualdad real de
oportunidades, la libertad de creencias y pensamiento y la no discriminación.
En ejercicio de estos derechos, toda mujer o persona gestante tiene derecho a
decidir la interrupción voluntaria de su embarazo de conformidad a lo
establecido en la presente ley.
ARTÍCULO 7°- Supuestos. Se garantiza el derecho a
acceder a la interrupción voluntaria del embarazo con el solo requerimiento de
la mujer o persona gestante hasta la semana catorce (14), inclusive, del
proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, se garantiza el derecho de la mujer o persona
gestante a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los siguientes
casos:
a)              
si el embarazo fuera producto de una violación,
con el solo requerimiento y la declaración jurada de la mujer o persona
gestante ante el/la profesional de la salud interviniente;
b)              
si estuviera en peligro la vida o la salud de la
mujer o persona gestante, considerada como derecho humano;
c)              
si se diagnosticara la inviabilidad de vida
extrauterina del feto.
ARTÍCULO 8º- Consentimiento
informado. Previo a la realización de la interrupción voluntaria del
embarazo en los casos previstos en la presente ley, se requiere el
consentimiento informado de la mujer o persona gestante expresado por escrito,
de conformidad con lo previsto en la Ley 26.529 y concordantes y el artículo 59
del Código Civil y Comercial. Ninguna mujer o persona gestante puede ser
sustituida en el ejercicio de este derecho.
ARTÍCULO 9°- Personas menores
de edad. Si se tratara de una adolescente, niña o persona gestante menor de
dieciséis (16) años, la interrupción voluntaria del embarazo se debe realizar
con su consentimiento informado en los términos del artículo anterior y
conforme lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, en concordancia
con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y el artículo 7°
de su decreto reglamentario 415/06. En particular, debe respetarse el interés
superior del/a niño/a o adolescente y su derecho a ser oído.
ARTÍCULO 10°- Personas con capacidad
restringida.
Si se tratara de una mujer o persona gestante con capacidad
restringida por sentencia judicial y la misma no impidiere el ejercicio del
derecho que otorga la presente ley, ella debe prestar su consentimiento
informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa alguna.
Si la sentencia de restricción a la capacidad impide el ejercicio del
derecho previsto en la presente ley o la persona ha sido declarada incapaz, el
consentimiento informado debe ser prestado con la correspondiente asistencia
prevista por el sistema de apoyos del artículo 32 del Código Civil y Comercial
o con la asistencia del representante legal, según corresponda. En ambos
supuestos, ante la falta o ausencia de quien debe prestar el asentimiento,
puede hacerlo un allegado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del
Código Civil y Comercial.
ARTÍCULO 11°- Plazo. La mujer
o persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción voluntaria del
embarazo en el sistema de salud en un plazo máximo de cinco (5) días corridos
desde su requerimiento y en las condiciones que determina la presente ley, la
Ley 26.529 y concordantes.
ARTÍCULO 12°- Consejerías. Realizada la solicitud de
interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar
a aquellas mujeres o personas gestantes que lo requieran:
a)               
información adecuada;
b)              
atención previa y posterior a la interrupción
voluntaria del embarazo de carácter médica, social y psicológica, con el objeto
de garantizar un espacio de escucha y contención integral; y,
c)               
acompañamiento en el cuidado de la salud e información
adecuada y confiable sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles,
así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Plan
Médico Obligatorio y en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable establecidos por la Ley 25.673 o la normativa que en el futuro los
reemplace.
La atención y acompañamiento previstos en este
artículo deben basarse en los principios de autonomía, libertad, intimidad y
confidencialidad, desde una perspectiva de derechos que favorezca la autonomía
en la toma de decisiones.
Cuando las condiciones del establecimiento de salud no permitiesen
garantizar la atención prevista en el inc. b, la responsabilidad de brindar la
información corresponde al/la profesional de la salud interviniente.
ARTÍCULO 13°- Responsabilidad de los establecimientos de
salud.
Las autoridades de cada establecimiento de salud deben garantizar la
realización de la interrupción voluntaria del embarazo en los términos
establecidos en la presente ley y con los alcances del artículo 40 de la Ley
17.132 y el artículo 21 de la Ley 26.529 y concordantes.
La interrupción voluntaria del embarazo establecida en la presente ley se
debe efectivizar sin ninguna autorización judicial previa. No pueden imponerse
requisitos de ningún tipo que dificulten el acceso a las prestaciones
vinculadas con la interrupción voluntaria del embarazo, debiendo garantizarse a
la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica disponible
según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y una atención ágil e inmediata que
respete su privacidad durante todo el proceso y garantice la reserva de la
información aportada.
En el caso excepcional de ser necesaria la derivación a otro
establecimiento, la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse en el
plazo establecido en el artículo 11º y las demás disposiciones de la presente
ley, siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento
derivante.
ARTÍCULO 14°- Acceso.
La interrupción voluntaria del embarazo debe ser realizada o
supervisada por un/a profesional de la salud.
El mismo día en el que la mujer o persona gestante solicite la
interrupción voluntaria del embarazo, el/la profesional de la salud
interviniente debe suministrar información sobre los distintos métodos de
interrupción del embarazo, los alcances y consecuencias de la prosecución de la
práctica y los riesgos de su postergación.
La información prevista debe ser clara, objetiva, comprensible y acorde a
la capacidad de comprensión de la persona. En el caso de las personas con
discapacidad, se debe proporcionar en formatos y medios accesibles y adecuados
a sus necesidades. En ningún caso puede contener consideraciones personales, religiosas
o axiológicas de los/as profesionales de la salud ni de terceros/as.
Se deben establecer mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento
del plazo y condiciones establecidas en la presente ley a las mujeres o
personas gestantes privadas de su libertad.
Ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las
disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal o
administrativa derivada de su cumplimiento, sin perjuicio de los casos de
imprudencia, negligencia e impericia en su profesión o arte de curar o
inobservancia de los reglamentos y/o apartamiento de la normativa legal
aplicable.
ARTÍCULO 15°- Objeción de conciencia. El/la
profesional de la salud que deba intervenir de manera directa en la
interrupción voluntaria del embarazo tiene la obligación de garantizar el
acceso a la práctica y no puede negarse a su realización.  
El/la profesional mencionado/a en el párrafo anterior sólo puede eximirse
de esta obligación cuando manifestare su objeción previamente, de manera
individual y por escrito, y la comunicare a la máxima autoridad del
establecimiento de salud al que pertenece.
La objeción puede ser revocada en iguales términos, y debe mantenerse en
todos los ámbitos, públicos o privados, en los que se desempeñe el/la
profesional.
El/la profesional no puede objetar la interrupción voluntaria del
embarazo en caso de que la vida o la salud de la mujer o persona gestante estén
en peligro y requieran atención médica inmediata e impostergable.
Cada establecimiento de salud debe llevar un registro de los
profesionales objetores, debiendo informar del mismo a la autoridad de salud de
su jurisdicción.
Queda prohibida la objeción de conciencia institucional y/o de ideario.
ARTÍCULO 16°- Cobertura. El sector público de la salud, las obras
sociales enmarcadas en las Leyes 23.660 y 23.661, el Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados creado por Ley 19.032, las
entidades y agentes de salud comprendidas en la Ley 26.682 de marco regulatorio
de medicina prepaga, las entidades que brinden atención dentro de la
reglamentación del Decreto 1993/2011, las obras sociales de las Fuerzas Armadas
y de Seguridad, las obras sociales del Poder Legislativo y Judicial y las
comprendidas en la Ley 24.741 de Obras Sociales Universitarias, y todos
aquellos agentes y organizaciones que brinden servicios médico-asistenciales a
sus afiliadas o beneficiarios independientemente de la figura jurídica que
posean, deben incorporar la cobertura integral  de la interrupción voluntaria del
embarazo prevista en la presente en todas las formas que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda. Estas prestaciones quedan incluidas en el
Programa Médico Obligatorio (PMO), como así también las prestaciones de
diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo.
ARTÍCULO 17°- Registro estadístico. Créase un
registro de estadísticas, monitoreo y evaluación de la interrupción voluntaria
del embarazo, a efectos de generar información actualizada relativa a la
implementación de la presente ley.
La autoridad de aplicación, en articulación con las jurisdicciones
provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, debe
arbitrar los medios a fin de llevar un registro estadístico en todo el
territorio nacional de:
a)         las consultas realizadas
a los fines de acceder a lo dispuesto por la presente ley;
b)         las interrupciones
voluntarias del embarazo efectuadas, indicando el plazo y cuál de los supuestos
del artículo 7° de la presente ley hubiera sido invocado;
c)         la información de los registros de objetores previstos en el
art. 15° de la presente ley;
d)         todo dato
sociodemográfico que se estime pertinente para evaluar en forma anual los
efectos de la presente ley, así como los indicadores de seguimiento que
pudieren realizarse.
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios para salvaguardar
el anonimato y la confidencialidad de los datos recabados.
ARTÍCULO 18°- Definiciones. A los efectos de la  presente ley, interrupción voluntaria del
embarazo y aborto son considerados términos equivalentes y salud se entiende
conforme a la definición que establece la Organización Mundial de la Salud.
TÍTULO III
Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual
integral.
ARTÍCULO
19°– Políticas de salud sexual y reproductiva. Educación sexual integral.

El Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios tienen la responsabilidad de establecer políticas activas para la
prevención de embarazos no deseados, y la promoción y el fortalecimiento de la
salud sexual y reproductiva de la población. Estas políticas deberán estar
enmarcadas en los objetivos y alcances establecidos en las leyes 25.673,
26.150, 26.485 y 26.061, además de las leyes citadas anteriormente en la
presente ley. Deberán además capacitar en perspectiva de género a todos/as
los/las profesionales y personal de la salud a fin de brindar una atención,
contención y seguimiento adecuados a las mujeres que deseen realizar una
interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley. El
Estado debe asegurar la educación sexual integral, lo que incluye la
procreación responsable, a través de los programas creados por las leyes 25.673
y 26.150. En este último caso, deben incluirse los contenidos respectivos en la
currícula obligatoria de todos los niveles
educativos, independientemente de la modalidad, entorno o ámbito de las
distintas instituciones educativas, sean éstas de gestión pública o privada, lo
que deberá hacerse efectivo en todo el territorio nacional a partir del próximo
ciclo lectivo. La educación sexual integral es un derecho y deberá impartirse
en todo el sistema educativo sin excepción y con especial referencia y atención
a las comunidades más vulnerables y a la diversidad e identidad de los pueblos
originarios.
ARTÍCULO
20°– Comisión Bicameral de Seguimiento de la normativa sobre Salud Reproductiva
y Educación Sexual.
Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento de la
normativa sobre Salud Reproductiva y Educación Sexual, la que tendrá las
siguientes funciones:
a)     Solicitar
informes de las autoridades de los ámbitos nacional, provincial y municipal,
referidas a la implementación de las medidas contenidas en las Leyes 25.673,
26.061, 26.150 y 26.485, y concordantes, así como de entidades privadas que
trabajen en la materia.
b)     Receptar
denuncias y/o informes provenientes de miembros de la comunidad educativa sobre
la falta u obstrucción de la aplicación efectiva de la ley.
c)     
Convocar a funcionarios encargados de la
aplicación del Programa de Educación Sexual Integral para que informen acerca
de la implementación efectiva de la ley.
d)     Promover
reuniones científicas que ofrezcan alternativas para la más eficaz aplicación
de la normativa en cuestión.
e)     Impulsar,
a partir de la evaluación que formule, la sanción de nuevas normas, o reformas
a las existentes, con el fin de remover los obstáculos que se hayan presentado
y favorezcan el logro de los objetivos propuestos.
f)      Presentar
un informe anual circunstanciado del estado de aplicación de las normas en la
materia.
La Comisión establecerá su estructura
interna y dictará su propio reglamento de funcionamiento.
ARTÍCULO
21°– Composición.
La Comisión Bicameral prevista en el artículo anterior
estará integrada por siete (7) Diputados y siete (7) Senadores nacionales,
respetando la proporcionalidad de cada representación legislativa, y será
presidida, anualmente y en forma alternativa, por cada Cámara.
TÍTULO IV
Disposiciones finales.
ARTÍCULO 22°– Autoridad de
aplicación.
La autoridad de aplicación de la presente ley será establecida
por el Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 23° – Orden público. Las disposiciones de la presente ley son de orden público
y de aplicación obligatoria en todo el territorio de la República Argentina.
ARTÍCULO 24° – Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.